La
enseñanza pública no puede estar influenciada por la subjetividad de una ideología
política. Se debe generar un sistema educativo objetivo dentro de la insalvable
subjetividad humana.
Se
debería elaborar una ley diseñada desde la objetividad desarrollada desde un
consenso entre las diferentes ideologías presentes en la sociedad (partidos
políticos) así como los agentes implicados (sindicatos, profesores,
asociaciones…).Esta ley debería ser permanente, y solo modificable si todos los
agentes constituyentes de la misma están de acuerdo. La educación no debería
estar sujeta a los cambios ideológicos que pueda haber en democracia.
Estas
modificaciones serán necesarias en tanto en cuando la sociedad y la metodología
educativa evolucionan.
Si
dejamos las ideologías políticas fuera del contexto educacional, también sería
necesario dejar excluida del mismo modo la religión (educación laica). No como
estudio de las diferentes religiones a lo largo de la historia sino centrada en
una sola religión con fines de adoctrinamiento. Si se decide facilitar a los
ciudadanos el estudio de la religión católica debería ser fuera del periodo
lectivo, como actividad extraescolar. Se podrá mantener la financiación de la
misma, siempre y cuando se ofrezca a aquellos alumnos que no deseen cursar esta
asignatura extraescolar una alternativa.
También
una forma de evitar adoctrinamientos podría radicar en la supresión de los
libros de texto en las aulas. Con esta medida además de garantizar la educación
universal y gratuita, gracias a que no será necesario realizar un desembolso de
dinero para su compra, se eliminará la influencia de las editoriales sobre la
economía de los centros educativos y sobre los alumnos con su manera sutil de
introducir ideologías en los mismos.
Si
los profesores no estuviesen de acuerdo con esta medida, se podría crear una
editorial nacional fuera del control político. Estos libros se desarrollarían
en función de las especificaciones de la ley y de las investigaciones más
recientes. La editorial nacional sería una institución apolítica dirigida por
expertos en la enseñanza elegidos cada dos años por los propios profesores. Los
candidatos ofrecerían sus propuestas a través de una plataforma virtual y se
elegirían de la misma forma. También habría editoriales autonómicas que
desarrollarían aspectos propiamente regionales.
También
sería una posible medida para la supuesta ley la eliminación total de las
escuelas privadas. Toda la sociedad debería tener derecho a la misma educación
y a los mismos recursos, no ser excluidos de ciertas instituciones por temas
económicos. Además, estos ciudadanos tendrán un concepto equivocado de las
personas que los rodean, podrán sentirse superiores o élite. Estas escuelas no
fomentan el principio de inclusión de la educación universal.
Los
presupuestos de la educación no deberían estar sujetos a cambios políticos o
crisis económicas, deberían ser fijos en cuanto a la necesidad real de los
centros.
No
obstante, como es lógico al final los temas económicos de estado influyen
directamente sobre estos presupuestos por lo que este debería tener al menos
una parte básica (presupuesto mínimo de mantenimiento) y otra más pequeña que
tenga relación con el PIB del estado.
Es
una reflexión personal, y seguro que bajo muchos errores procedimentales, pero he
intentado exponer una idea de cómo debería ser la educación en nuestro país.
